En Huancavelica y Sacsamarca, la huella de la mina Santa Bárbara sigue latente. Este yacimiento de mercurio, explotado desde la época colonial y conocido como la «Mina de la Muerte», fue escenario de explotación y sufrimiento para miles de indígenas forzados a trabajar en condiciones inhumanas desde su fundación en 1571.
Envenenados por el mercurio o atrapados en sus galerías, muchos perdieron la vida. Aunque la actividad minera cesó en la década de 1970, la contaminación persiste: más de 55,000 habitantes conviven con los efectos del mercurio en el aire, el suelo y el agua.
A pesar de la gravedad del problema, el Estado peruano ha desatendido por décadas la necesidad de remediación. En diciembre de 2023, una sentencia judicial ordenó la limpieza y mitigación de los daños ambientales de Santa Bárbara, pero hasta la fecha, las autoridades no han tomado medidas concretas, prolongando la crisis ambiental y sanitaria que afecta a la población.
Una crisis sanitaria en una de las regiones más pobres del Perú
Huancavelica es la quinta región más pobre del país y su sistema de salud es sumamente precario. Con una población de aproximadamente 334,100 personas, la región cuenta solo con 5 hospitales y 370 puestos de salud, sin centros especializados para tratar enfermedades complejas.
El acceso a médicos también es alarmante. Mientras que en Huancavelica hay un médico por cada 1,121 habitantes, el promedio nacional es de uno por cada 353 personas. En Lima, la brecha es aún más grande, con un médico por cada 219 habitantes. Esta desigualdad sanitaria agrava los efectos de la exposición a metales pesados, dejando a miles de personas sin diagnóstico ni tratamiento adecuado.
Fallos judiciales y evidencias científicas ignoradas
El 31 de marzo de 2023, la Corte Superior de Huancavelica rechazó una demanda presentada por ciudadanos afectados por la contaminación con mercurio y otros metales pesados. No obstante, el 13 de diciembre, una instancia superior revocó la decisión y declaró la Emergencia Ambiental en Huancavelica y Sacsamarca, exigiendo planes de remediación y la inclusión de la zona en el Inventario de Pasivos Mineros, lo que obliga al Estado a tomar acciones.
La Defensoría del Pueblo ha respaldado esta lucha desde 2017, reconociendo el impacto de la contaminación. Un estudio de la organización Environmental Health Council reveló que alrededor de 5,000 viviendas de adobe en Huancavelica contienen niveles peligrosos de mercurio, afectando a unas 25,000 personas. Otra investigación de 2019 analizó muestras de suelo en nueve escuelas, encontrando que ocho superaban los estándares ambientales del Ministerio del Ambiente, con niveles alarmantes de mercurio y plomo en las áreas de juego infantil.
En 2016, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) detectó altos niveles de arsénico, cadmio, cobre, plomo y mercurio en el río Ichu y sus afluentes, así como en suelos de Huancavelica y Ascensión. De los 48 puntos evaluados, más del 90 % presentaba arsénico en exceso, el 80 % niveles peligrosos de mercurio y casi la mitad concentraciones elevadas de plomo.
Más recientemente, el 3 de septiembre de 2024, un informe de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de Huancavelica (Digesa – Huancavelica) confirmó que la situación sigue siendo crítica. El estudio analizó suelos en 25 puntos clave de la ciudad, incluyendo parques, plazas y centros de salud. Los resultados fueron preocupantes: 20 sitios tenían arsénico en exceso, 19 mercurio en niveles peligrosos, 11 plomo en concentraciones dañinas y uno cadmio por encima del límite permitido.
El informe advierte que estos metales pesados representan un riesgo grave para la salud y recomienda la aplicación de la Resolución Ministerial N.° 1026-2020-MINSA, que establece protocolos para la atención de personas expuestas a contaminación por metales. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado no ha tomado medidas urgentes para enfrentar esta crisis ambiental y sanitaria.
Un futuro en riesgo
La contaminación en Huancavelica no solo afecta a la población actual, sino que también compromete el futuro de las siguientes generaciones. Sin una intervención rápida y efectiva, los niños seguirán expuestos a sustancias tóxicas, aumentando el riesgo de enfermedades neurológicas, respiratorias y cardiovasculares.
A pesar de los fallos judiciales, los informes científicos y la presión de organizaciones civiles, el Estado sigue sin actuar. La remediación de Santa Bárbara es una deuda histórica que no puede seguir siendo ignorada. La población de Huancavelica merece respuestas y soluciones inmediatas para recuperar un ambiente seguro y saludable.
