Un estudio de Datum revela que el 77% de los peruanos percibe que el Gobierno no enfrenta la minería ilegal con medidas enérgicas.
Un reciente estudio de Datum Internacional analizó la percepción de los peruanos respecto a la postura del Gobierno frente a la minería ilegal. Este tema cobra especial relevancia en un contexto donde el Congreso evalúa la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley Mape. Asimismo, se ha extendido el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta mediados de año.
El impacto de la minería ilegal sigue generando preocupación debido a sus consecuencias sociales, ambientales y políticas. Un ejemplo de ello se vivió en Pataz, La Libertad, donde en diciembre de 2024 un ataque con explosivos, presuntamente perpetrado por mineros ilegales, cobró la vida de cuatro trabajadores en un socavón.
La opinión pública
Datum encuestó a ciudadanos de entre 18 y 70 años, abarcando diferentes niveles socioeconómicos y zonas geográficas. Se les preguntó si consideraban que el Gobierno está tomando medidas enérgicas para combatir la minería ilegal.
Los resultados reflejan un alto nivel de escepticismo: el 77% de los encuestados cree que no existe una acción gubernamental efectiva, mientras que solo el 16% opina que sí hay una lucha frontal contra esta problemática.
El problema de la minería ilegal sigue preocupando a la ciudadanía. En el norte del país, particularmente en Pataz (La Libertad), el 80% de la población considera que el Gobierno no está tomando acciones contra este flagelo. En Lima y Callao, la percepción es aún más crítica, alcanzando el 82%.
Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, señala que la inclusión de la minería ilegal como tema en la encuesta refleja una creciente preocupación de la población. Además, comentó que estos resultados evidencian la percepción de que el Gobierno muestra debilidad. La baja popularidad de la presidenta se mantiene en 4% y la población no solo desconfía, sino que también ve que no se están abordando los problemas prioritarios del país, entre ellos, la minería ilegal.
Opiniones de expertos
El exministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, comparte esta preocupación. Advierte que la minería ilegal representa el 2.5% del PBI en pérdidas y es la mayor fuente de daño a la economía. Sin embargo, no existe una respuesta firme por parte del Gobierno.
Desde su punto de vista, el problema radica en la falta de estrategias concretas. Considera que la lucha contra la minería ilegal debería ser liderada directamente por el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta Dina Boluarte.
Otro punto crítico señalado es la reducción del presupuesto destinado a combatir esta actividad ilícita. Según Incháustegui, en lugar de aumentar los recursos asignados para enfrentar la minería ilegal, han disminuido.
La minería ilegal y su vínculo con la criminalidad en Perú
El combate contra la minería ilegal en el país no solo depende del presupuesto disponible, sino también de estrategias de desarrollo territorial y alternativas económicas viables. Según Miguel Incháustegui, uno de los factores que dificultan esta lucha es el alto valor del oro, lo que reduce el atractivo de otras fuentes de empleo para las comunidades involucradas.
En Pataz, la situación es crítica debido a la presencia de redes criminales asociadas a la minería ilegal. No es solo un problema de extracción informal, sino también de crimen organizado. Estas economías ilícitas han captado a mineros artesanales y los explotan.
A pesar de la instalación de una base militar y la declaratoria de emergencia, las empresas aún sienten falta de respaldo gubernamental. Poderosa intentó formalizar a los mineros, pero ahora enfrenta conflictos legales y situaciones de criminalidad sin una respuesta firme del Gobierno.
Minería artesanal como solución
Para el exministro, la mejor estrategia para enfrentar la minería ilegal es fomentar la minería artesanal bajo un marco regulado. El Gobierno debe reunir a todos los actores del sector para impulsar la formalización, eliminar el Reinfo y proponer un nuevo esquema normativo.
En relación con el Reinfo y su posible extensión, el exministro considera que la actual gestión ministerial muestra disposición para encontrar una solución adecuada. Sin embargo, enfatiza que el proceso debe incluir la participación de múltiples actores para lograr un enfoque integral.
Finalmente, involucrar a todos los sectores y al Congreso permitirá acelerar la formulación de una propuesta viable. No podemos esperar hasta el último momento para abordar este tema, ya que la falta de acción solo favorece la expansión de la minería ilegal ante la ausencia de una alternativa formal para la minería artesanal.
