Un informe advierte sobre los riesgos de una regulación débil y propone estrategias para una minería más ordenada y sostenible.
En medio del debate sobre la Nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ha publicado un informe con 10 estrategias fundamentales para lograr una formalización efectiva del sector. El documento advierte sobre los riesgos de flexibilizar normativas sin medidas de control adecuadas, lo que podría facilitar la expansión de la minería ilegal y el deterioro ambiental.
Según el informe, la Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú está impulsando un marco legal que podría relajar las exigencias para la actividad minera artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, esta flexibilización ha generado preocupación en diversos sectores, pues podría aumentar los impactos negativos en el medio ambiente y las comunidades locales.
El OMI advierte que la falta de supervisión y el incumplimiento de estándares ambientales han permitido que la minería ilegal y la informalidad se fusionen, generando serias afectaciones en la salud pública y el ecosistema. Asimismo, señala que la entrega indiscriminada de concesiones sin fiscalización adecuada ha promovido el crecimiento de actividades ilícitas en zonas vulnerables, perjudicando a comunidades y reservas naturales.
Las propuestas del OMI para una minería formal
El informe propone establecer una clasificación clara entre los diferentes tipos de minería, diferenciando la minería artesanal, pequeña, mediana y grande en función de su producción y del tipo de maquinaria utilizada. Esta medida permitiría un control más eficiente y evitaría que mineros ilegales se encubran bajo la categoría de mineros artesanales para eludir regulaciones.
También plantea la creación de dos rutas para la formalización. Una sería un proceso ordinario dirigido a nuevos mineros, mientras que la otra consistiría en un mecanismo especial para aquellos que operaban antes de 2012, asegurando así una transición estructurada hacia la legalidad sin favorecer la minería ilegal.
Otra recomendación clave es que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asuma la regulación de las plantas de beneficio, con supervisión del OEFA, Osinergmin y otras entidades fiscalizadoras. Actualmente, la falta de control sobre estas instalaciones permite que muchas operen sin cumplir con los requisitos ambientales mínimos.
Se propone que ningún proyecto pueda iniciar actividades sin presentar un plan ambiental aprobado y que el incumplimiento de estas exigencias derive en sanciones administrativas y penales tanto para los operadores mineros como para las autoridades que no fiscalicen adecuadamente.
También se recomienda establecer restricciones geográficas a la actividad minera. En este sentido, el informe insiste en que se prohíba la minería en Áreas Naturales Protegidas, zonas de amortiguamiento, territorios indígenas y cuerpos de agua. En particular, subraya la necesidad de erradicar la actividad en Madre de Dios, donde la minería ilegal ha causado un daño ecológico irreversible.
El OMI plantea regular con mayor rigurosidad la concesión de derechos mineros. Para ello, se propone que las concesiones sean otorgadas únicamente a quienes presenten planes de inversión con plazos claros, evitando así la especulación y garantizando que los terrenos sean utilizados de manera efectiva y sostenible.
Una de las medidas más importantes es la creación de un sistema de control y trazabilidad del oro. Se busca establecer un registro que permita rastrear la producción y comercialización de este metal precioso, evitando que el oro de origen ilegal ingrese al mercado formal a través de mecanismos fraudulentos, como la supuesta fabricación de joyería.
El informe propone, además, la eliminación progresiva del uso de mercurio en la minería artesanal, con el objetivo de prohibirlo completamente para el año 2030. Para lograrlo, se recomienda impulsar tecnologías más limpias y accesibles mediante incentivos financieros y programas de capacitación dirigidos a los pequeños productores mineros.
En términos de responsabilidad social, se plantea la creación de un fondo minero destinado a mejorar la infraestructura y el bienestar en las zonas mineras. Paralelamente, se exige garantizar condiciones laborales seguras para los trabajadores del sector, estableciendo sanciones severas para aquellas operaciones que no cumplan con los estándares mínimos de seguridad.
Finalmente, el informe propone fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el sector minero. Se sugiere modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra funcionarios y autoridades que faciliten actividades ilícitas, así como tratar la minería ilegal como un delito de crimen organizado. Estas medidas buscan cerrar las brechas legales que han permitido que la informalidad prospere sin consecuencias.
Hacia una minería más regulada y responsable
El informe finaliza con un llamado a las autoridades para diseñar una estrategia de formalización que no implique regulaciones débiles ni permisivas. Si se implementan estas propuestas, el sector minero podría avanzar hacia un modelo más ordenado y sostenible.
Además, se enfatiza la importancia de incluir a todos los actores en este debate, desde comunidades locales hasta expertos ambientales y organismos de control. La falta de medidas efectivas en 2024 permitió que la minería ilegal creciera sin freno, afectando a miles de personas.
Por ello, el documento insta a que la nueva Ley MAPE sea discutida con un enfoque integral, garantizando que las decisiones no comprometan el bienestar de las futuras generaciones.
