La minería impulsa la economía peruana, pero requiere soluciones legales para mitigar su impacto social y ambiental.
La minería es una de las actividades económicas más influyentes en el Perú, contribuyendo significativamente al Producto Bruto Interno (PBI) y proporcionando fuentes de empleo tanto directas como indirectas. No obstante, este sector también enfrenta desafíos sociales y ambientales que requieren un abordaje integral desde el ámbito legal y ético.
La minería representa aproximadamente el 11% de la producción nacional y aporta el 60% de las exportaciones del país. Su impacto en el empleo es significativo, generando oportunidades laborales tanto en las operaciones mineras como en sectores vinculados.
Adicionalmente, el canon minero ha demostrado ser un factor clave en la reducción de la pobreza, con un incremento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y una disminución del 8.03% en los niveles de pobreza por cada aumento del 1% en su distribución.
Sin embargo, estudios indican que las regiones con alta actividad minera presentan problemas en el acceso al agua potable y una mayor incidencia de enfermedades crónicas, evidenciando la paradoja entre desarrollo económico y calidad de vida.
Nueva legislación para la pequeña minería y minería artesanal
El Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal busca regularizar este sector mediante procedimientos más ágiles y beneficios para quienes se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La normativa propone la delimitación de zonas exclusivas para la minería artesanal, el fortalecimiento de los gobiernos regionales en materia de fiscalización y el otorgamiento de incentivos para operaciones responsables.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y del compromiso estatal para supervisarlas adecuadamente, especialmente en zonas con altos niveles de informalidad.
Conflictos socioambientales en el corredor minero
En el Corredor Minero del Sur, que abarca Cusco y Apurímac, proyectos de gran envergadura como Las Bambas y Antapaccay han generado disputas relacionadas con el acceso al agua, la salud pública y los derechos territoriales de comunidades indígenas.
A pesar de los compromisos asumidos por empresas como Glencore, persisten los desacuerdos debido a la falta de transparencia en la evaluación del impacto ambiental y al desconocimiento sobre el derecho a la consulta previa.
La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y una obligación tanto para las empresas privadas como para el Estado. Su cumplimiento es esencial para mitigar conflictos y garantizar que las inversiones mineras sean sostenibles y respetuosas con los derechos humanos.
Impacto de los conflictos sociales en la inversión minera
Entre 2021 y 2023, los conflictos sociales han provocado una disminución de $7,000 millones en la inversión minera. La falta de claridad en la delimitación de territorios y la superposición de concesiones han generado disputas que requieren mediación técnica.
La transparencia en la distribución del canon minero y el establecimiento de un diálogo constante con las comunidades afectadas son factores esenciales para reducir la conflictividad y generar estabilidad.
La carencia de comunicación efectiva y la opacidad en la gestión de los recursos han exacerbado los desacuerdos. El Estado debe adoptar un papel más activo en la solución de estas disputas, asegurando que las comunidades reciban beneficios tangibles del desarrollo minero y que sus inquietudes sean atendidas con prontitud.
Acceso a la justicia para comunidades campesinas
Las comunidades campesinas, reconocidas como sujetos de derecho colectivo, enfrentan demoras en la resolución de conflictos territoriales.
A pesar de que la legislación les otorga autonomía, casos como el de Espinar reflejan que los procesos judiciales no siempre avanzan con la celeridad necesaria, especialmente en denuncias por contaminación ambiental.
Es fundamental la capacitación especializada de jueces en temas socioambientales, para que puedan abordar estos litigios con el conocimiento y la urgencia requerida. La justicia debe garantizar una protección efectiva de los derechos comunitarios y asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales y éticas.
Hacia una minería equilibrada y sostenible
La industria minera en el Perú debe encontrar un balance entre productividad y respeto a los derechos fundamentales. Si bien las nuevas normativas representan un avance, su efectividad dependerá de una implementación rigurosa y de auditorías independientes que garanticen su cumplimiento.
El fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la promoción de la transparencia en la gestión de recursos y el establecimiento de un diálogo continuo con las comunidades afectadas son medidas clave para asegurar un desarrollo minero sostenible y equitativo.
Solo mediante un compromiso real con estos principios será posible conciliar el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos.
