Aarón Quiñón, investigador del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, señaló que el presupuesto para la formalización minera en el país debería triplicarse, ya que el actual resulta insuficiente. Explicó que el monto destinado para este año, que ronda los S/25 millones, podría aumentar mediante una negociación entre los ministerios de Energía y Minas y de Economía.
“Para acelerar el proceso de formalización, como el propio ministro [Jorge Montero] ha manifestado debe ser dentro de sus primeros 6 meses [en el cargo], tengo entendido que tienen el mismo presupuesto que el año pasado, más o menos S/25 millones comprometidos”, apuntó en conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Luego de su designación, el ministro de Energía y Minas (Minem) anunció que, en un plazo de seis meses, su cartera presentará un nuevo proyecto de ley sobre la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE), coincidiendo con el fin de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Asimismo, destacó que la Dirección General de Formalización Minera debe determinar con claridad cuántos recursos humanos, equipos y presupuesto serán necesarios, ya que, según señaló, el presupuesto actual es el mismo y resultará insuficiente.
“El monto debería ser al menos el triple, pero vemos ahora que la prioridad es el proceso de transferir competencias. Recordemos que a fines del año pasado el Minem emitió un decreto supremo donde ellos asumen ahora la ejecución del proceso de formalización, es decir, se van a encargar y ya no tienen esa competencia los gobiernos regionales”, comentó al IIMP.
El politólogo cuestionó que los fondos destinados a la formalización minera no hayan aumentado desde 2020, a pesar de que la minería ilegal y la criminalidad continúan creciendo en el país como la principal actividad económica ilícita, incluso superando a la corrupción y al narcotráfico.
“El presupuesto de formalización se ha mantenido, en 2024 fue de S/25 millones, en 2023 fue de S/24 millones, en 2022 fue de S/21 millones, en 2021 de S/23 millones y en 2020 fue de S/26 millones”, detalló.
Quiñón destacó la necesidad de implementar tres políticas de Estado interconectadas: una política para la minería ilegal, enfocada en la erradicación estratégica a través de inteligencia y la cadena de valor; una política de formalización minera; y una política de competitividad para la Minería Artesanal y la Pequeña Minería (MAPE), que ofrezca incentivos a los mineros que buscan formalizarse. Además, el investigador señaló que las interdicciones contra la minería ilegal deben dejar de ser simplemente simbólicas y volverse más estratégicas, basadas en inteligencia.
“El trabajo de interdicción tiene que concentrarse en labores de inteligencia para identificar a los actores claves en la cadena de valor. A veces realizan interdicciones a mineros ilegales que no tienen ningún tipo de relevancia, y no van detrás de los financistas, los proveedores. Esa actividad integral de la cadena de valor es donde se debe prestar más atención”, manifestó.
Quiñón agregó que, en la lucha contra la minería ilegal, es fundamental llevar a cabo acciones de inteligencia para desmantelar rutas, proveedores y cadenas de valor ilegales, las cuales deben ser respaldadas por un fuerte trabajo comunitario. En este contexto, enfatizó que el presupuesto debe ser utilizado de manera estratégica. Además, señaló que el presupuesto público para enfrentar la minería ilegal en el año pasado fue de S/90.8 millones, mientras que el presupuesto inicial para este año es de S/70.6 millones.
