La Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre la autorización otorgada por la Junta de Andalucía a la minera Sandfire Matsa para construir una balsa de residuos tóxicos a 700 metros de una pedanía de Cortegana, Huelva. El proyecto, que abarcará 130 hectáreas, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han solicitado intervención europea ante los posibles riesgos para la salud. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha remitido el caso para una investigación preliminar.
El presidente de dicha Comisión, Bogdan Rzonca, confirmó por carta a la asociación vecinal Valdelamusa Viva que la Comisión Europea evaluará las autorizaciones del Ejecutivo andaluz (PP) que permitieron la cercanía de la balsa a la población. También se ha remitido el caso a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, según informó eldiario.es.
“Esperamos que la Unión Europea pare esta sinrazón. Matsa tiene previsto talar los más de 35.000 pinos en estas semanas y empezar ya con el proyecto. Hasta ahora el tema no se ha tratado ni en el Pleno del Ayuntamiento de Cortegana, ni en el Pleno de la Diputación Provincial, ni en el Parlamento de Andalucía. Hemos presentado más de 5.000 firmas ante la Junta y aún no hemos sido recibidos ni por el delegado provincial”, denuncian desde Valdelamusa Viva. Los vecinos sostienen que la distancia real entre la balsa y sus viviendas es de solo 500 metros.
La Comisión Europea analizará si la gestión de residuos tóxicos del proyecto es adecuada y si existe riesgo de contaminación en los cuerpos de agua cercanos, ya que la balsa está ubicada en una zona de especial protección ambiental atravesada por dos arroyos.
Los habitantes han solicitado a la empresa que elija otro emplazamiento más alejado, pero la minera adquirió los terrenos hace años y estos no tienen restricciones urbanísticas ni medioambientales, según la alcaldesa de Cortegana, Mar Martín (PP). “Entiendo la sensibilidad de los vecinos, pero como Ayuntamiento no podemos negarnos a conceder a la minera la licencia urbanística”, afirmó.
El depósito de lodos, que contendrá metales pesados como plomo, arsénico y talio, tendrá casi el triple de capacidad que la balsa de Aznalcóllar (Sevilla), cuya rotura hace 26 años provocó un desastre ambiental cerca de Doñana.
La Consejería de Industria aprobó el proyecto en diciembre, tras la autorización ambiental unificada concedida en verano por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Este órgano defiende que la tramitación fue “totalmente transparente, dando respuesta a las alegaciones. No se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado y las decisiones adoptadas se basan en criterios científicos y en la normativa vigente”. No obstante, los vecinos aseguran que sus reclamaciones han sido ignoradas: “El Gobierno regional no ha aceptado ninguna de las alegaciones procedentes de vecinos y organizaciones ecologistas”, según la queja admitida por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Ecologistas en Acción presentó un recurso contra la autorización ambiental en septiembre, argumentando que una rotura podría contaminar el embalse del Tamujoso, ubicado a 4 kilómetros. “Cualquier tipo de vertido desde esta nueva instalación provocaría la contaminación de las aguas del embalse del Tamujoso distante a 4 kilómetros de la futura instalación y siendo este embalse una reserva estratégica de agua potable, tal y como contempla el Plan de Sequía de la empresa pública Giahsa”, advierten.
Asimismo, critican la falta de previsión ante un posible colapso de la balsa. “Dados los graves efectos para el medio y las propiedades aguas abajo que la rotura de una balsa de estas características provocaría (algo que desgraciadamente sabemos que ocurre) entendemos que es imprescindible un informe de Dirección General de Emergencias y Protección Civil para la redacción de cualquier dictamen al proyecto”.
Matsa (Minas de Aguas Teñidas SA) defiende la construcción de la balsa como “fundamental” para continuar con sus operaciones, ya que su actual depósito, construido en 2009, estará colmatado en marzo de 2026. La empresa australiana Sandfire Resources, que adquirió Matsa en 2022 por 1.585 millones de euros, explota tres minas en Huelva.
