El Gobierno ha promulgado el Decreto Supremo n.° 001-2025-MINAM, que optimiza los procesos de adecuación ambiental para las actividades realizadas en infraestructuras de residuos sólidos, tales como rellenos sanitarios, rellenos de seguridad, rellenos mixtos, plantas de valorización, plantas de tratamiento y plantas de transferencia en todo el país.
El director general de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (Minam), Ángel Vidaurre, explicó que, conforme a esta norma, se ha modificado el plazo para la adecuación ambiental de las infraestructuras de residuos sólidos que operan sin el correspondiente Instrumento de Gestión Ambiental, así como para la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales.
La norma establece un plazo de hasta un año para que los titulares presenten el Formato de Adecuación Ambiental (FAA) y hasta cuatro años para presentar el instrumento de gestión ambiental correctivo. Además, se amplían los plazos hasta tres años adicionales para los municipios que trabajen en la reconversión y recuperación de áreas degradadas como parte de sus proyectos de inversión.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam), se encargará de supervisar el cumplimiento de las normativas sin fines punitivos, a menos que se identifiquen riesgos significativos o se vea afectada la eficacia de la fiscalización ambiental. En estos casos, OEFA podrá imponer las medidas administrativas necesarias para proteger el medio ambiente y la salud pública.
Según explicó Ángel Vidaurre, esta medida también busca simplificar los trámites administrativos, permitiendo que los operadores realicen ampliaciones o modificaciones no significativas en sus planes correctivos, lo que hará que el proceso sea más ágil y eficiente.
El decreto subraya la importancia de una gestión integral de residuos, destacándola como un servicio esencial para el bienestar de las comunidades y la conservación de la biodiversidad. Además, apoya el cierre de las brechas de infraestructura necesarias para gestionar adecuadamente los residuos sólidos en todo el país.
“Este enfoque busca no solo reducir el impacto ambiental, sino también crear oportunidades para un desarrollo social y económico equilibrado”, declaró Vidaurre.
