Barrick Gold, la segunda minera de oro más grande del mundo, suspendió sus operaciones en el complejo Loulo-Gounkoto en Malí después de que el gobierno militar confiscará oro por un valor de $245 millones. La empresa explicó que la medida, aunque lamentable, es necesaria para proteger los intereses del proyecto y sus empleados. Este complejo, que representa aproximadamente el 14% de la producción anual proyectada de Barrick, ha sido clave para la economía de Malí, produciendo cerca de 700,000 onzas de oro en 2023 y contribuyendo entre el 5% y el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en las últimas tres décadas.
El conflicto entre Barrick y el gobierno de Malí se intensificó tras cambios en el código minero implementados por las autoridades malienses en 2023, que buscan aumentar la participación estatal en los proyectos mineros. Además, el gobierno ha exigido a Barrick $512 millones en impuestos atrasados. En diciembre de 2024, Barrick inició un arbitraje internacional a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) mientras intentaba negociar un nuevo acuerdo con el gobierno, buscando una distribución más equitativa de los beneficios económicos.
La suspensión de actividades en Loulo-Gounkoto no solo impacta a Barrick, sino también a la economía de Malí, que depende en un 80% de las exportaciones de oro. La mina emplea a más de 8,000 personas, en su mayoría malienses, y apoya a proveedores locales. Según el CEO de Barrick, Mark Bristow, la incapacidad para exportar oro afecta tanto a la empresa como a las comunidades locales que dependen de la minería, poniendo en riesgo una inversión de más de $1,000 millones en la economía maliense en 2024.
A pesar de las dificultades que enfrenta Barrick, otras empresas han logrado acuerdos más favorables con el gobierno de Malí. Allied Gold firmó un contrato de 10 años para la mina Sadiola, y B2Gold acordó su proyecto Fekola, lo que resalta la variedad de enfoques frente a las políticas gubernamentales. No obstante, la incertidumbre política, derivada de los golpes de estado de 2020 y 2021, ha generado un entorno complicado para los inversionistas, con el gobierno intensificando los controles y renegociaciones para aumentar la contribución económica al estado.
A pesar de los desafíos, Barrick sigue confiando en el potencial a largo plazo de sus operaciones en Malí, habiendo invertido más de $10,000 millones en el país desde 1995. El éxito de las negociaciones dependerá de encontrar un equilibrio entre los intereses de la empresa y las demandas del gobierno maliense. La estabilidad del sector minero es clave para la economía del país y su reputación como destino de inversión en África.
