En Perú, se estima que hay más de 300,000 mineros artesanales, según los registros del Estado. Sin embargo, el 95% de ellos trabajan en concesiones ajenas, lo que complica su proceso de formalización, ya que necesitan la autorización de los concesionarios para operar legalmente. La reciente extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aprobada por el Congreso hasta junio de 2025 con posibilidad de prórroga, ha sido cuestionada por Pedro Yaranga en una entrevista con La República, quien duda de su efectividad para abordar el problema estructural de la minería artesanal en el país.
Uno de los mayores desafíos en el sector es la confusión entre minería artesanal, informal e ilegal. Según Yaranga, los mineros ilegales operan en zonas prohibidas, como parques nacionales y riberas de ríos, utilizando químicos tóxicos. En cambio, los mineros artesanales trabajan en terrenos autorizados, siguiendo una tradición minera que data de tiempos preincaicos, como ocurre en Pataz, una región con una rica historia minera.
Yaranga también destaca que el problema empeoró tras la pandemia, debido al incremento de la delincuencia organizada en las zonas mineras.
Yaranga describe la ampliación del Reinfo como un “calmante temporal” que no resuelve el problema principal: la falta de acceso de los mineros artesanales a concesiones. Aunque esta medida previene que más de 300,000 mineros se conviertan en ilegales, no logra avances sustanciales hacia la formalización. Los expertos coinciden en que el proceso de formalización necesita un enfoque integral, que incluya censos detallados, supervisión gubernamental efectiva y colaboración con las plantas de procesamiento de minerales.
A diferencia de los mineros ilegales, los mineros artesanales no procesan oro directamente. En su lugar, transportan el material extraído a plantas de procesamiento autorizadas, como la planta Paltarumi en Paramonga. Estas instalaciones verifican la documentación y cruzan información con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para asegurar la legalidad del material.
Yaranga propone un censo nacional para identificar la cantidad y ubicación de los mineros artesanales e ilegales, además de fortalecer la supervisión gubernamental y fomentar la convivencia entre los distintos tipos de minería. También destaca la importancia de un enfoque político firme, con mayor supervisión policial en regiones conflictivas como Pataz, y la implementación de sistemas de contrainteligencia para prevenir la corrupción y asegurar el cumplimiento de las leyes.
La Ley MAPE, aunque bien intencionada, pone los intereses de las concesionarias por encima de los de los mineros artesanales. Es crucial encontrar un equilibrio que permita a estos trabajadores acceder a concesiones sin afectar la sostenibilidad ambiental ni los derechos de las comunidades locales.
