Según el exministro del Interior Carlos Basombrío, la minería ilegal en Perú alcanzará exportaciones por US$6 mil millones en 2024, impulsada por el aumento del precio del oro, que supera los US$2,650 la onza. Este fenómeno ha convertido a la minería ilegal en una de las actividades ilícitas más lucrativas del país, superando incluso al narcotráfico. Basombrío explicó que los ingresos de la minería ilegal permanecen en el país, creando una economía paralela que, según su análisis, supera los ingresos del narcotráfico, que alcanzan solo US$1.5 mil millones, y que parte de estos fondos se estarían lavando en regiones como Ucayali.
La minería ilegal no solo afecta la economía, sino que también tiene graves consecuencias ambientales y sociales. Según una encuesta de Ipsos, el 71% de los encuestados consideran la destrucción del medio ambiente como el principal impacto negativo, seguido de la evasión fiscal (42%), la trata de personas y el contrabando (35%), el robo a propietarios legítimos (32%) y el aumento de la violencia (29%). La deforestación masiva, especialmente en Madre de Dios, y el uso descontrolado de mercurio para extraer oro han devastado ecosistemas y amenazan la biodiversidad y las fuentes de agua potable.
El oro extraído ilegalmente en Perú se exporta a varios países, como Bolivia, Brasil, Paraguay, India, Suiza, Inglaterra y Sudáfrica, según Basombrío, lo que evidencia la existencia de redes internacionales que facilitan su comercio, a menudo encubierto como legal. La OCDE ha señalado este problema como una amenaza global y ha recomendado implementar políticas más rigurosas para rastrear el origen del oro en el mercado internacional.
Un aspecto preocupante es el posible vínculo entre la minería ilegal y el financiamiento de campañas políticas. Tanto Basombrío como el exviceministro del Interior Ricardo Valdés alertaron sobre la infiltración de estos fondos en las próximas elecciones. La preocupación crece debido a informes que indican que líderes vinculados a la minería informal han sido reclutados como militantes por partidos políticos.
Este fenómeno genera interrogantes sobre la transparencia y la integridad del sistema político peruano, particularmente en un contexto donde el dinero ilícito podría afectar las decisiones políticas.
