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Víctor Gobitz, Presidente del SNMPE, se declara en contra del Reinfo y la minería ilegal

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La decisión del pleno del Congreso de la República de extender por seis meses la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con la posibilidad de prorrogarse otros seis meses si el Poder Ejecutivo lo determina, es una medida equivocada, ya que beneficia los intereses de la minería ilegal y de sus aliados, las organizaciones criminales, que en los últimos meses han desatado una ola de violencia en el país, poniendo en grave riesgo la seguridad de todos los peruanos.

Así lo expresó Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), al señalar que se mantienen políticas que han fracasado, como el actual proceso de formalización minera, que lleva más de 22 años, y que el Reinfo ha generado impunidad para las actividades ilícitas.

“El Congreso debió dedicarse a solucionar el problema de fondo y, por tanto, debatir de manera técnica la Ley MAPE (de la Minería Artesanal y Pequeña Minería), perfeccionarla y aprobarla, con el objetivo de lograr una norma rectora que contribuya a crear una pequeña minería y minería artesanal ordenada y que con el acompañamiento del Estado se separe la paja del trigo”, afirmó.

El presidente de la SNMPE hizo un llamado al nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, para que colabore estrechamente con el Parlamento Nacional y, mediante un análisis y debate técnico, se logre definir y aprobar una nueva Ley MAPE que realmente impulse la formalización minera y brinde una oportunidad a los jóvenes que buscan salir de la informalidad y trabajar en condiciones dignas.

“Esperamos ver un real sentido de urgencia, tanto del titular del Minem como de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, para que se cierre de una vez por todas este registro temporal (Reinfo) que ahora ha sido ampliado por tercera vez”, aseveró.

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Gobitz Colchado señaló que en el debate sobre la futura Ley MAPE debe prevalecer la sensatez y los intereses del Perú, y no buscar beneficios para aquellos grupos que vulneran el Estado de Derecho, la institucionalidad, la formalidad, la economía, los derechos humanos y la salud de los peruanos.

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