El Tribunal Constitucional (TC) inició un proceso para evaluar la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley N° 31388, que extendió el plazo de formalización de mineros informales hasta el 31 de diciembre de 2024. La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, que cuestiona la norma debido al impacto negativo de la minería ilegal en territorios indígenas, particularmente por el uso de mercurio en el tratamiento del oro.
La solicitud busca que el TC declare que el proceso de formalización, iniciado en 2002, ya no está vigente, y que los reglamentos asociados sean considerados inconstitucionales. La parte demandante argumenta que la prolongación de este proceso ha fracasado, señalando que de los 84,000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo el 2% ha completado su formalización después de más de dos décadas. Además, piden que el Congreso se abstenga de seguir ampliando el plazo de formalización a través de nuevas leyes.
Por su parte, el Congreso defendió la ley, argumentando que la prórroga hasta diciembre de 2024 dará tiempo para aprobar una nueva legislación sobre pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, advirtió que sin esta extensión, más de 20,000 mineros estarían en riesgo de quedar fuera del proceso de formalización.
El TC escuchó los alegatos y la presidenta del tribunal, Luz Pacheco, informó que la decisión quedaría al voto de los miembros. Si el TC falla a favor de la inconstitucionalidad, el Congreso no podría seguir extendiendo el proceso de formalización a través de nuevas leyes.
