El Pleno del Congreso de la República ha dado un paso importante hacia la protección de los derechos de las personas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos. Con 79 votos a favor, sin votos en contra y dos abstenciones, se aprobó el dictamen correspondiente a los proyectos de ley 6598 y 7460, dejando expedita la norma para su eventual promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo.
El nuevo texto establece que el procedimiento para la inscripción en el registro será definido por la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con los Ministerios de Energía y Minas, Salud y Medio Ambiente. Además, se estipula la necesidad de incluir criterios claros y justos que permitan determinar la elegibilidad y el impacto sufrido por las personas afectadas.
El congresista Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas y uno de los principales impulsores de la iniciativa, destacó durante la sustentación del dictamen la existencia de un vacío normativo en la actualidad. “Esta norma busca atender la falta de un registro de personas afectadas a cargo del sector de Energía y Minas”, expresó.
Por su parte, la legisladora Margot Palacios, autora de uno de los proyectos de ley, resaltó que su propuesta busca hacer justicia a los afectados y que permitirá al Estado exigir a las empresas privadas la correcta remediación de los daños ocasionados.
Tras la aprobación, Inés Ramírez Arias, presidenta de la Coordinadora Nacional de Afectados por el Derrame de Petróleo y/o Fuga de Gas, agradeció al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por su compromiso de incluir el dictamen en la agenda legislativa. Ramírez Arias subrayó la importancia de esta norma, afirmando que permitirá gestionar adecuadamente la atención a los afectados y contribuirá a reducir los conflictos y justos reclamos de quienes han sufrido las consecuencias de los derrames.
Con esta aprobación, el Congreso busca identificar, evaluar y documentar a todos los damnificados por derrames o fugas de hidrocarburos, salvaguardando así sus derechos y promoviendo una mayor responsabilidad de las empresas en la gestión de incidentes ambientales.
