Tras finalizar las reuniones con diferentes gremios mineros para discutir el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está trabajando en la propuesta final de esta normativa. Esta ley busca regular la actividad minera y promover la formalización de los mineros artesanales y pequeños productores mineros a nivel nacional.
El proyecto de ley tiene como objetivo fomentar una minería artesanal y de pequeña escala que sea sostenible y responsable en todo el país. Para ello, se proponen varios incentivos legales. Además, se busca regular la transición del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a un sistema interoperable con procedimientos simplificados, que refleje el estado real de las actividades mineras y esté integrado con los 26 gobiernos regionales.
Fortalecimiento de las direcciones y gerencias regionales
Se pretende fortalecer a las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales en sus competencias de supervisión, fiscalización y promoción de la actividad minera. Esto se logrará mediante convenios con OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL, y se plantea la posibilidad de tercerizar estas competencias a empresas calificadas, debidamente acreditadas ante el MINEM.
El proyecto también permite al MINEM establecer zonas especiales y temporalmente exclusivas para la pequeña minería y minería artesanal. Además, propone la creación de un sistema integrado de información y documentación pública sobre estas actividades.
Asimismo, se ofrecen incentivos para la firma de contratos de explotación entre mineros con REINFO en proceso de formalización y titulares de concesiones mineras, de manera que ambos actores se beneficien de procedimientos simplificados.
El MINEM se comprometió a llevar a cabo un proceso participativo y a socializar el proyecto de ley desde el 15 de julio hasta finales de agosto del presente año, para recoger las opiniones de los principales actores involucrados en el proceso de formalización minera. Entre estos actores se encuentran entidades del Estado, Gobiernos Regionales, organizaciones mineras, empresas, academia, entre otros. La propuesta final será presentada a la PCM, la Presidencia de la República y finalmente al Congreso de la República para su aprobación.
