La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile presentó dos cargos contra la empresa Codelco, responsable de los proyectos “Mansa Mina” (RCA N°311/2005), “Modificación Mina Ministro Hales” (RCA N°240/2010) y “Optimización de procesamiento División Ministro Hales” (RCA N°424/2016), vinculados a la Unidad Fiscalizable “Ministro Hales”, ubicada en el camino a Chuquicamata, comuna de Calama, tras verificar que la minera no implementó medidas ambientales relacionadas con el tranque Talabre. Estos proyectos incluyen la explotación del yacimiento de la División Ministro Hales, cuyos relaves, junto con los generados por las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic, todas pertenecientes a Codelco, se envían al depósito de relaves conocido como tranque Talabre.
Denuncia Ciudadana y Contaminación
El caso se originó a partir de una denuncia ciudadana presentada en 2023 sobre infiltraciones en el tranque desde 2019, lo que podría haber contaminado el acuífero del Río Loa. La denuncia también indica que la pluma de contaminación se dirige hacia la ciudad de Calama, afectando el acuífero protegido de Yalquincha, lo que ampliaría el área de influencia originalmente contemplada en la línea base del proyecto.
La SMA realizó una inspección en mayo de 2017 a cargo de la Oficina Regional SMA de Antofagasta, junto con la DGA y SERNAGEOMIN regionales. Además, en junio de 2023 se llevaron a cabo actividades de requerimiento y examen de información relacionada con la unidad fiscalizable.
Cargos Formulados y Consecuencias
Basándose en estos antecedentes, la superintendencia formuló dos cargos graves contra la minera. El primer cargo se debe a que la empresa no validó ni ejecutó un plan de contingencias para controlar la alteración progresiva de los recursos hídricos subterráneos. El segundo cargo se basa en que la compañía realizó una depositación de relaves sin alcanzar el límite inferior fijado para el porcentaje de sólidos en estos, desde 2017 hasta 2024.
La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “la labor de la Superintendencia es fiscalizar e impulsar el cumplimiento ambiental por parte de todos los titulares de proyectos. En este sentido, es importante reforzar que las condiciones, normas y medidas establecidas en los permisos ambientales que se obtienen para poder operar, deben ser adoptados por las empresas”.
En caso de infracciones graves, los titulares se enfrentan a multas de hasta 5.000 UTA, junto con la revocación de la RCA o clausura, por lo que la empresa Codelco, División Ministro Hales, podría recibir una multa de hasta diez mil UTA, equivalente a más de US$7.908 millones, a valor actual. Tras la notificación de estos cargos, la empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación.
